El Gobierno lanza la “ley anti-sanidad privada”, contraria al acervo europeo en gestión sanitaria y que invade competencias autonómicas

• El Gobierno trata de prohibir la colaboración de los Gobiernos autonómicos con el sector sanitario en modelos que han mostrado su eficacia durante tres décadas en términos de calidad y accesibilidad.
• La ministra Mónica García criminaliza a todo un sector en una ley ideológica y anacrónica, pero sigue sin ofrecer soluciones ejecutivas ni proyectos legislativos que corrijan la deriva crítica de las listas de espera en toda España.
• Herminia Rodríguez, presidenta de ASPE, recuerda que “la sanidad no puede abordarse desde dogmas, debe gestionarse con pragmatismo, responsabilidad y foco en los pacientes”.

Madrid, 10 de febrero de 2026.- La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) manifiesta su rechazo frontal al ‘Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del SNS’, aprobado por el Consejo de Ministros, una iniciativa que constituye un ataque dogmático a la libertad de gestión de las competencias sanitarias de las comunidades autónomas y que nace con el declarado objetivo de prohibir, limitar y/o condicionar los distintos modelos de colaboración público-privada que el ordenamiento jurídico desde hace tres décadas ha puesto legítimamente a su alcance.

Desde ASPE se considera que esta ley parte de un planteamiento ideológico sin un análisis riguroso de las necesidades reales de los pacientes en el Sistema Nacional de Salud. El texto reduce de forma arbitraria los modelos de gestión sanitaria indirecta disponibles para los gobiernos autonómicos, pese a que estos han demostrado su eficacia en términos de accesibilidad, eficiencia y capacidad de respuesta asistencial. Por ello, la norma parece nacer con escasas —cuando no nulas— posibilidades de prosperar, al contradecir el marco jurídico vigente de competencias autonómicas en un modelo de descentralización sanitaria aprobado desde 2003.

Hasta ahora, las autonomías han podido optar tanto por fórmulas de gestión directa como de gestión indirecta, amparadas por la Ley 15/1997, de Habilitación de Nuevas Formas de

Gestión del Sistema Nacional de Salud, que establece de manera clara que la prestación y gestión de los servicios sanitarios puede llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas.

El ministerio dirigido por Mónica García criminaliza al sector sanitario en su conjunto e identifica de forma simplista la calidad y la integridad del sistema con la naturaleza jurídica del gestor. El sector sanitario se opone de forma unánime a los intentos del Gobierno de derogar no solo la Ley 15/1997, sino también de facto la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del SNS, una norma clave que adapta el sistema sanitario a un escenario de descentralización autonómica y refuerza principios esenciales como la equidad, la solidaridad, la eficiencia y la participación social.

Especial preocupación suscita la prohibición definitiva de los modelos de concesión administrativa, un instrumento ampliamente utilizado en las democracias más avanzadas para canalizar recursos privados hacia la creación de infraestructuras sanitarias bajo titularidad y control públicos. Estas fórmulas han permitido diversos modelos innovadores de financiación, construcción y explotación de hospitales y centros sanitarios como Reino Unido, Alemania o Australia, alineados en general con el acervo en colaboración público- privada en la gestión sanitaria en países avanzados.

Impacto directo y negativo sobre los pacientes

ASPE advierte de que esta ley tendrá un impacto directo y negativo sobre los pacientes, especialmente en términos de accesibilidad y tiempos de atención. Restringir de manera rígida los instrumentos de gestión disponibles en manos de las Comunidades Autónomas reducirá la capacidad de respuesta del sistema en un contexto marcado por listas de espera estructurales en récords históricos, saturación asistencial y creciente presión sobre áreas clave como la cirugía programada, el diagnóstico o la oncología.

“En sanidad, las decisiones ideológicas siempre se traducen en consecuencias reales para las personas”, subraya la presidenta de ASPE, Herminia Rodríguez.

Por todo ello, ASPE reclama la reconsideración inmediata de este anteproyecto y la apertura de un diálogo real que permita construir un marco sanitario basado en la evidencia asistencial, la cooperación (Ley 15/1997 sobre Habilitación de Nuevas Formas de Gestión del SNS) y el respeto a las competencias autonómicas (Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del SNS). “La sanidad no puede abordarse desde dogmas, debe gestionarse con pragmatismo, responsabilidad y foco en los pacientes”, añade Rodríguez.