Sanidad publica un informe dogmático y sesgado para desacreditar la colaboración del sector privado

• El informe contiene errores de datos, ignora la relevancia sistémica de la colaboración privada en el sistema público y oculta que los conciertos con la privada han caído sobre el total del gasto sanitario en la última década.
• La sanidad privada es un socio leal y flexible que interviene bajo petición en un contexto de presupuestos públicos insuficientes, listas de espera vergonzosas y una demanda asistencial en progresión incesante.
• ASPE recuerda que sin la colaboración del sector, el sistema público entraría en colapso, y lejos de reconocerlo, el actual Gobierno persiste en un relato falaz buscando privar a los españoles de mecanismos estructurales insustituibles.

Madrid, 10 de diciembre de 2025.- La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) expresa su profundo rechazo ante una nueva visión sesgada y sectaria del actual Gobierno contra la colaboración público-privada en materia sanitaria. El informe ‘Evaluación de la sanidad privada en el sistema sanitario de España’, publicado ayer por el Ministerio de Sanidad, es un documento confuso redactado con la única misión de menospreciar el papel esencial de contribución del sector privado a la salud pública.

Las afirmaciones que ponen en duda la legitimidad, eficiencia y la contribución de la privada no solo son injustas, sino peligrosas: promueven una vez más un debate ideológico que pone en riesgo la salud de millones de ciudadanos. Uno de los axiomas básicos que se defienden en el informe es que cada vez hay más centros privados vinculados al SNS, para lo que se afirma que el número de estos ha crecido exponencialmente en prácticamente todas las comunidades autónomas. Para ello, aporta porcentajes de crecimiento desde datos que parten de la inexistencia en 2019 de hospitales privados vinculados al SNS, algo completamente incorrecto y, por tanto, crea una realidad artificiosa con el único pretexto, como en todo el documento, de apuntalar su tesis descalificatoria contra la aportación de la sanidad privada. 

Además de usos inexactos de datos, hay otras consideraciones argumentales que desacreditan el informe. A continuación, ASPE responde con hechos a los principales ataques, y advierte sobre las consecuencias reales de ignorar al sector privado.

• La sanidad privada colabora siempre bajo solicitud del sistema público

Desde la aprobación de la Ley General de Sanidad de 1986, la sanidad privada ha colaborado de forma legal y respetuosa con el Sistema Nacional de Salud. Su intervención siempre responde a demanda del sistema público. Por tanto, la colaboración público-privada ha sido —y es— un mecanismo planificado para dar cobertura adicional cuando la sanidad pública está desbordada, no una estrategia de “intromisión” o mercantilización. La privada no compite por conveniencia, sino que asume cargas reales de trabajo que la sanidad pública no tiene capacidad de absorber sola.

Las acusaciones de que la privada actúa por cuenta propia o en contra del SNS constituyen una tergiversación intolerable del funcionamiento real del sistema.

• La sanidad privada es más eficiente a nivel económico

Los procedimientos concertados con la sanidad pública en centros privados resultan en media hasta un 44 % más baratos que los realizados en centros públicos.  Por poner algunos ejemplos, una sustitución de cadera concertada en la privada es aproximadamente un 46 % más barata. Además, una prueba PET concertada puede ser hasta un 69 % más barata, y una laparoscopia gástrica restrictiva puede tener un coste hasta un 69 % inferior en la privada.

Estos datos no son anecdóticos: muestran que la colaboración privada no solo aporta capacidad asistencial, sino eficiencia económica real, permitiendo al SNS ahorrar recursos públicos sin sacrificar atención ni calidad. Si tan nociva es la colaboración de la sanidad privada, cabría preguntarse por qué este Gobierno apostó de forma tan tenaz por la renovación en 2025 del convenio de mutualismo administrativo de Muface, dando continuidad al modelo.

• La demora asistencial, sin colaboración, llevaría al fallo sistémico del SNS

El panorama de las listas de espera en el sistema público es alarmante. Según los datos más recientes, a 30 de junio de 2025 la espera media para una intervención quirúrgica alcanzaba los 118 días. Además, el número de pacientes en lista de espera era de 832.728 personas, con un 19,6 % esperando más de seis meses.

En un contexto de una población cada vez más envejecida, aumento de la cronicidad y frecuentación sanitaria en máximos, renunciar a la colaboración de la privada implicaría condenar a una saturación desconocida del sistema público y asumir un riesgo inasumible para la salud pública. Basta como ejemplo los ciudadanos que tienen contratado un seguro de salud, cuyo número asciende a 12,4 millones. Si todos decidieran ser atendidos solo por la sanidad pública, el colapso sería una cuestión inmediata.

Mientras tanto, la sanidad privada sigue demostrando su capacidad para descongestionar una demanda asistencial privada que no deja de crecer. Los datos demuestran que un 70% de los pacientes de la privada son intervenidos en menos de 15 días tras la prescripción, y un 26% en menos de 6 días.

• La privada colabora menos que hace 10 años

Contrariamente al informe de Sanidad, los datos muestran que la inversión proporcional sobre el total del gasto sanitario público en conciertos con la sanidad privada ha disminuido en los últimos años. La proporción destinada a conciertos pasó del 11,6 % en 2013 al 10,1 % en 2022.  La reducción supone una pérdida de cerca de 9.300 millones de euros en inversión pública hacia conciertos durante la última década.

Este dato desmiente cualquier argumento de “expansión descontrolada” de la privada: no hay excedente de conciertos. El sector privado —y con él la capacidad asistencial nacional— pierde peso progresivo cuando la demanda y las listas de espera no dejan de aumentar.

De cada 100 euros del sector de provisión sanitaria privada, la colaboración con el sistema público supone el 15% (de media) de la facturación total. Esto implica que el sector no tiene dependencia directa del sistema público para su desarrollo y crecimiento, por lo que avala la tesis de que se actúa a demanda de la autoridad competente.

• Todas las CCAA colaboran con la sanidad privada, inclusive Ceuta y Melilla

En el conjunto de España, todas las comunidades y ciudades autónomas mantienen algún tipo de colaboración con la sanidad privada, ya sea mediante conciertos, derivaciones u otros modelos de cooperación. Esta realidad se extiende a todo el territorio y responde a decisiones adoptadas por gobiernos de todos los partidos, independientemente de su orientación ideológica.

Es más, incluso las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla —cuyas competencias sanitarias dependen directamente del Ministerio de Sanidad— recurren a la colaboración con la sanidad privada. En estos territorios, la autoridad competente deriva a pacientes hacia Andalucía, tanto para la práctica de interrupciones voluntarias del embarazo como para reforzar la atención en situaciones de presión asistencial, como ocurre durante los picos de la epidemia gripal, por ejemplo.

Llama la atención que, en los territorios donde el propio Ministerio ejerce la competencia directa, se opte por apoyarse en la sanidad privada para garantizar la atención, en lugar de acudir exclusivamente a la red pública, tal y como defiende en su discurso habitual.

Por todo lo anterior, ASPE censura el enfoque simplista e ideológico que pretende presentar a la sanidad privada como un problema y no como una solución. Los datos demuestran lo contrario: La privada trabaja siempre bajo demanda del sistema público; empleando su infraestructura y personal para atender necesidades puntuales o persistentes de la sanidad pública; sus servicios concertados son mucho más baratos que los públicos, lo que supone un ahorro real; nuestros centros asumen una parte importante de la actividad sanitaria, reduciendo listas de espera y aliviando la presión al sistema público; y, su presencia en conciertos está descendiendo, lo que demuestra que no existe ningún auge desproporcionado.

Eliminar o reducir drásticamente la colaboración público-privada no es una opción responsable. Sería un paso hacia la parálisis del sistema sanitario, con consecuencias graves e inmediatas para la salud de millones de ciudadanos.