ASPE advierte de una ‘oferta integrada’ de Sanitas-Generali como un precedente de anticompetencia en el sector

Con efectos de enero de 2023, todos los asegurados de salud de Generali son atendidos por Sanitas, que emplea su red asistencial y fundamentalmente la contratada (el 99% de su cuadro médico) para la gestión y fijación a los proveedores sanitarios de condiciones de remuneración no pactadas para atender a sus 150.000 pacientes en España. Se alteran así, de forma unilateral, los acuerdos previos entre Generali y los centros para reducir un 20% las tarifas, haciendo uso de la posición en el mercado de Sanitas. ASPE considera ilegal el mencionado acuerdo ya que es susceptible de vulnerar la normativa sobre defensa de la competencia y de competencia desleal.

Las compañías alegaron ayer, para esquivar esta acusación de vulneración de la Ley de Defensa de la Competencia, que “mantienen una oferta diferenciada”, aludiendo a su red de mediadores para la contratación de asegurados y a su oferta de salud propia. Sin embargo, cuando en octubre de 2022 anunciaron su acuerdo por diez años, las dos aseguradoras pusieron en valor los beneficios de la integración de su oferta asistencial.

De esta forma, esgrimen diversos argumentos para alcanzar lo que consideran un acuerdo estratégico siempre aludiendo a la fortaleza de la red y de la gestión de Sanitas. “Los clientes de Generali se beneficiarán (…) de los trámites asociados a la prestación de los servicios médicos y hospitalarios”. “El acuerdo con Sanitas nos va a permitir reforzar nuestro compromiso con los clientes al permitirles el acceso y la asistencia de una de las mejores redes mundiales de atención sanitaria. Además, representa una oferta de valor añadido para nuestros mediadores que podrán ofertar seguros de salud en todo el territorio nacional gracias a la amplitud de la red de profesionales de la salud y de centros hospitalarios de Sanitas”. “Sanitas fortalece su posición en el ramo de salud, en el que ya cuenta con más de 2 millones de clientes…”. Para el sector de provisión sanitaria es evidente el mensaje unificador de ambas compañías.

Hay que tener en cuenta que la red sanitaria mencionada está compuesta por lo que en esa misma comunicación se detalla: “Sanitas ofrecerá a los clientes de Generali un cuadro médico con 51.000 profesionales, 240 hospitales concertados y 4.100 centros médicos concertados, además de una red propia que incluye cuatro hospitales, 20 centros médicos multiespecialidad y 16 centros de bienestar”. Por tanto, se soporta en un 98,3% de hospitales contratados y en un 99,1% de clínicas con contrato. Ayer solo señalaron que los “asegurados de salud de Generali se benefician ahora de los servicios médicos que presta Sanitas con sus propios médicos y hospitales y su amplio cuadro médico”, indicando que han ampliado en una 43% la disposición de médicos.

ASPE considera que existe una oferta integrada, no diferenciada, aunque la red comercial sea distinta y las pólizas tengan variaciones: existe una oferta por Generali amparándose en la red de Sanitas (99% contratados), la gestión integrada de los servicios asistenciales a los asegurados de ambas compañías se realiza por Sanitas y la gestión del pago también se efectúa por esta misma compañía para la remuneración a los proveedores sanitarios por la atención de los asegurados de ambas compañías.

Precedente sectorial anticompetitivo

Esta situación, como considera el dictamen jurídico encargado por ASPE, podría contravenir el artículo 1.1 de la Ley de Defensa de la Competencia, que prohíbe “todo acuerdo o práctica concertada (…) que tenga por objeto impedir o restringir la competencia en el mercado nacional y en especial a la fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio”.

De facto, esta situación ha propiciado, de forma automática y unilateral, la reducción de un 20% en la remuneración que paga ahora Generali a los centros contratados, debido a la posición en el mercado de seguros de salud de la que dispone Sanitas (15%) y al poder de negociación que tiene sobre los proveedores sanitarios, en especial en muchas provincias españolas en las que estos proveedores tienen una posición más debilitada y esta nueva situación altera su libertad de elección para seguir o no dando servicio a Generali en condiciones económicas no pactadas. Desde el 1 de enero, la práctica general en los centros es mantener el servicio, aunque en muchos casos existe la imposibilidad de facturarlos debido a la confusión en la propia plataforma informática de Sanitas.

Sin duda, para ASPE esta práctica puede marcar un precedente anticompetitivo en el sector sanitario.

Generali alega descoordinación interna

ASPE y los distintos proveedores sanitarios solicitaron a ambas aseguradoras ya en diciembre de 2022 las condiciones específicas del acuerdo, sin obtener respuesta. Ahora, en una comunicación de ayer, Generali justifica ante ASPE su silencio durante 6 meses por “problemas de coordinación interna del que hemos sido conscientes ahora”. Ante esta comunicación, ASPE ha solicitado de forma inmediata una reunión para conocer los detalles de un acuerdo que afecta las relaciones de servicio que prestan los proveedores sanitarios a los asegurados de Generali.