ASPE insta a otras CCAA a seguir la decisión unánime del Parlamento balear de atender a extranjeros en un marco compartido con la privada

El sector de provisión sanitaria valora muy positivamente la aprobación del Decreto ley 1/2024, de 22 de marzo, por el que se regulan determinados aspectos de la actividad sanitaria urgente y emergente en las Islas Baleares, concretamente en la parte que implica a la sanidad privada en la atención extrahospitalaria de ciudadanos comunitarios y británicos desplazados temporalmente a las Islas.

Este Decreto ley establece la creación de una Red de Centros y Servicios de Apoyo, que podrán ofrecer asistencia urgente a los ciudadanos comunitarios y británicos que están de manera temporal en las Islas Baleares que dispongan de tarjeta sanitaria europea en vigor y que no cuenten con un seguro privado o de viaje. Estas asistencias comprenden primeros traslados, traslados secundarios desde los centros públicos y turistas que acuden por medios propios tras indicación del servicio de emergencias 061.

Aparte de esta habilitación genérica, IB Salut también podrá habilitar de forma expresa y específica determinados centros y servicios sanitarios privados para ofrecer atención en procesos de especial relevancia, como el código ictus, el código infarto y la atención al trauma grave, en el marco de la atención sanitaria a ciudadanos comunitarios y británicos.

«Creemos que es un gran acierto la decisión del Gobierno balear, respaldada además de forma unánime por todos los grupos parlamentarios, que reconoce la importancia y pertinencia de aprovechar los recursos proporcionados por el sector privado para satisfacer las necesidades del sistema público de salud”, ha señalado Carlos Rus, presidente de ASPE. “Con esta medida se actúa de manera inteligente, ya que esta gestión eficaz y colaborativa contribuirá a ofrecer una mejor asistencia a los pacientes, tanto a los extranjeros desplazados que precisan de atención urgente como a los ciudadanos de las Islas, que podrán beneficiarse de una mayor accesibilidad si conseguimos entre todos favorecer la descongestión de los servicios públicos de salud”, ha añadido.

Estos servicios serán financiados según las tarifas públicas establecidas en cada momento y aplicables en los centros de la red sanitaria pública. La financiación de la atención a pacientes extranjeros comunitarios o temporales del Reino Unido estará restringida al equivalente al 65% de las tarifas públicas vigentes en ese momento, en base a los servicios efectivamente prestados, tras las debidas revisiones y verificaciones por parte del Servicio de Salud. El restante 35% corresponderá a los costos que el Servicio de Salud deberá asumir para llevar a cabo las tareas de gestión relacionadas con esta actividad.

Carlos Rus confía en que iniciativas como esta “sirvan de ejemplo a otras CCAA como modelo de colaboración eficiente” y destaca cómo el sector privado de la salud “es un recurso de gran valor para asegurar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”, demostrando su importancia ante cualquier situación y necesidad que pueda surgir.