La sanidad privada solicita diez medidas de ayuda y viabilidad económica para hospitales y clínicas

La fidelidad y voluntad colaboradora del sector de la sanidad privada con el Gobierno y las Comunidades Autónomas ha sido siempre máxima. En este momento de grave crisis sanitaria queda fuera de toda duda la colaboración máxima con el sistema sanitario público, desde antes incluso de ser declarado el estado de alarma.

En este contexto, el Gobierno ha ordenado la desprogramación de toda actividad sanitaria no urgente-preferente, reduciéndose un 80% aproximadamente, poniendo a disposición de las Consejerías de Sanidad los recursos del sector en todos los puntos de España y muy especialmente en las zonas de mayor propagación del COVID-19, donde los hospitales privados funcionan de forma integrada con las redes públicas. El ámbito sanitario privado se encuentra tratando al 19% de los hospitalizados y al 10% de los casos en UCI. Por tanto, en este momento, se mantienen el 100% de las estructuras en funcionamiento, pero sin actividad de ingresos principal, lo que puede originar repercusiones en su sostenimiento presente y futuro en muchos casos.

Ante esta dramática situación, ASPE, que representa a más del 80% de los hospitales privados de España (468) y hasta 925 centros no hospitalarios o sin internamiento, ha solicitado al Gobierno a través del ministerio de Industria medidas urgentes destinadas a poder hacer frente al enorme desgaste en recursos, sin recibir ni plantear en ningún momento contraprestación alguna, para hacer frente al mantenimiento de la actividad en un sector estratégico clave para luchar contra la pandemia por COVID-19.

Para Carlos Rus, presidente de ASPE, “abogamos por el mantenimiento del empleo y de la plena capacidad productiva en la lucha contra el COVID-19, y necesitamos medidas urgentes que permitan la viabilidad financiera de los hospitales y clínicas privadas ante una grave crisis de liquidez, poniendo en peligro la continuidad de muchos hospitales”.

Decálogo para la inmediata liquidez financiera de los centros sanitarios

Es fundamental dotar de forma inmediata de liquidez a los centros sanitarios en España. Para ello, ASPE propone un paquete de medidas económico-financieras para dotar de viabilidad a los centros sanitarios en estas circunstancias:

1. En relación con impuestos y cuotas
   • Exención de las cuotas de las Seguridad Social durante el tiempo en que se prolongue el estado de alarma.
   • Exención del pago de impuestos y retenciones del IRPF de los trabajadores durante ese mismo periodo.
   • Aplazamientos y/o bonificaciones en Seguridad Social.
   • Aplazamientos y/o bonificaciones en Impuesto de Sociedades e IBI
   • Créditos fiscales por aumento de plantilla sanitaria.

2. Acceso a líneas de financiación gratuita o con carencia en la devolución de principal para poder acceder a la liquidez suficiente que permita hacer frente al gasto corriente.
3. Acceso a las líneas de avales establecidas en el RD 8/2020 o a las líneas ICO de financiación de circulante para permitir la cobertura del déficit de circulante.
4. Líneas de liquidez por parte de los bancos avaladas por el Estado para afrontar pagos al contado que exigen los proveedores sanitarios (por ejemplo, EPIs).
5. Créditos blandos por inversión en material imprescindible en COVID-19.
6. Con el fin de asegurar que llega el crédito al sector, acceso a una línea de financiación específica para el sector, por importe del 75% de la facturación del sector hospitalario durante 2 meses.

7. Reducción IVA sanitario a tipo superreducido para facilitar la adquisición de compras de materiales y equipos para la atención sanitaria.
8. Subvenciones para compras por el aumento elevado de los precios de material sanitario: mascarillas, guantes, batas, medicamentos.
9. Ayudas directas a centros implicados en la atención a pacientes con coronavirus.
10. Aprobación de fórmulas de cobro excepcionales:

• Que los centros con conciertos públicos, que cobran una parte fija del contrato, sigan percibiendo esta parte y no se regularice.
• Periodos de pago no mayores a 60 días por las aseguradoras y por el Estado